Un obscuro mega emprendimiento que debería llamarse
“Nueva costa de chorear Plata”
El mismo busca realizarse en Quilmes y Avellaneda. Denuncian que se trataría de un gran negociado vinculado a la rezonificación de terrenos y que produciría severos daños al medioambiente. Hay una causa que se tramita en la Corte Suprema de Justicia
Por estas horas, la mayoría de los concejales de Quilmes está analizando si le dará o no el aval a una controvertida rezonificación que permita llevar adelante el mega emprendimiento comercial e inmobiliario conocido como Nueva Costa del Plata, que se levantará en tierras que pertenecen a los partidos de Avellaneda y Quilmes.
Se trata de un negocio multimillonario que pretende desarrollar una suerte de Puerto Madero del Conurbano bonaerense (en la zona costera del Río de la Plata), pero que también escondería oscuros manejos que se vienen tejiendo desde la última dictadura militar.
El proyecto de rezonificación ya recibió la aprobación del Concejo Delirante de Avellaneda, en una sesión muy polémica (varios ediles confiaron que no se dieron cuenta de lo que habían sancionado)
y ahora el intendente de Quilmes, el kirchnerista Francisco “Barba” Gutiérrez
/El Barba sin barba/
-junto al grupo empresario Techint, que se agarro esos terrenos-
/Fotos del Concejo de Quilmes/
Algo de lo que poco se habla es que este emprendimiento, según estudios realizados por la asociación civil Ambiente Sur (actualmente forma parte de una denuncia que llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación), podría afectar en gran medida la calidad de vida de los habitantes de la zona. Se habla de que cualquier tipo de urbanización en esa región, donde existe una importante selva marginal, eliminará los últimos espacios verdes de la zona, instalará una barrera artificial entre el río y la ciudad, agravará la problemática de las napas, aumentará la frecuencia e intensidad de inundaciones, afectará los servicios de cloacas, agua y luz, y restringirá el acceso libre a la ribera.
“Hay hechos concretos que demuestran lo desprolijo y turbio que es todo esto. Hubo transferencias irregulares, modificaciones de contrato muy extrañas y hasta se le entregó tierras a la empresa Techint que no estaban previstas en el contrato con la Ceamse, que data de 1978”, le dijo a Hoy el ingeniero forestal Jorge Trevi, experto en recursos naturales y secretario de la asociación civil Ambiente Sur de Avellaneda, que lleva adelante la denuncia. Y agregó: “Hay una realidad de la que pocos hablan y es que el proyecto está parado, no existe ni siquiera un estudio de impacto ambiental y tampoco se explica de dónde saldrán los dos millones de metros cúbicos de relleno que se necesitarían para construir en esa zona”.
Trevi da a entender que la matriz del negocio, en realidad, también podría estar vinculada a la rezonificación en sí. “Acá la principal inversión es la tierra pública, que aparece privatizada a un determinado valor pero que, una vez que esté firme la rezonificación, se podrá vender a un precio mucho mayor. Y ahí habrá un beneficio injustificado para Techint, que para nosotros sería de alrededor de 100 millones de dólares”, dijo.
Una oscura historia
Para entender el entramado del oscuro negocio hay que remontarse al año 1978, en plena dictadura militar, cuando la Coordinación Ecológica del Aérea Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse) y la multinacional Techint firmaron un contrato para la recuperación, forestación y urbanización de la zona costera del Río de la Plata, incluyendo las tareas de forestación. El objetivo era que, a cambio de la disposición final de los residuos de la ciudad de Buenos Aires en el relleno sanitario de Villa Domínico, en un período de 20 años se debería entregar terrenos remediados, con mil quinientas hectáreas de bosques, para ser destinados a la recreación pública.
Como era de esperar, ello no ocurrió, ya que en 1993, cuando faltaban cinco años para el vencimiento del convenio, se cambió el contrato: las modificaciones terminaron eliminando prácticamente todas las obligaciones del contratista que fueran más allá del simple enterramiento de basura. Pero eso no fue todo: el contrato original fijaba que el contratista debía recibir como total y única retribución las tarifas y el tercio de la tierra recuperada, pero llamativamente Techint terminó recibiendo la mayor parte de un área costera -300 hectáreas- no rellenada.
A su vez, en aquel entonces los directores de Ceamse entendieron, además, que a la firma Syusa, la compañía del grupo Techint a cargo del relleno, también le correspondería en pago más de un tercio de las tierras “recuperadas”.
“Se trata de un gran negociado”, denunció el diputado provincial Walter Martello (Coalición Cívica), que ayer presentó un proyecto de declaración en el que pide que el gobierno de la provincia de Buenos Aires, a través de la Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible, no avale la rezonificación que ya fue aprobada por el Concejo Deliberante de Avellaneda y que también podría recibir el aval en los próximos días del parlamento comunal de Quilmes.
“Sería inadmisible que el gobierno bonaerense avale rezonificaciones para favorecer a empresarios poderosos. Esas tierras deberían ser un importante pulmón verde, para paliar los graves problemas ambientales que azotan al Conurbano”, concluyó Martello.
Problemas de contaminación
Además del negocio inmobiliario, el otro problema es la supuesta contaminación. Según Ambiente Sur, Techint rellenó con basura humedales y bajos inundables, “en las cuales la contaminación se transmite con la mayor facilidad, afectando a centros de alta población, factores críticos a evitar según cualquier texto básico de relleno sanitario”.
Concluye: “A su vez, la falta de solución al problema de los lixiviados que saturan las montañas de basura establece dentro de las montañas las condiciones anaeróbicas (falta de oxígeno) que favorecen la producción de gases orgánicos no metánicos. Entre estos hay varios cancerígenos reconocidos, como el benceno, que promueve tipos específicos de leucemia”.
Otras irregularidades
Según una investigación realizada por la asociación civil Ambiente Sur, la Ceamse inventó en abril de 1993 el concepto de “hectárea recuperada equivalente”.
“El concepto es asombroso, como es también asombroso que se exprese como hectáreas computadas como área f (forestada). Es sabido que Techint no forestó ninguna hectárea. La hectárea recuperada equivalente surge de relacionar el tonelaje de basura dispuesto por hectárea en la nueva modalidad (montañas) con el tonelaje originalmente previsto, que era mucho menor”, dice el informe.
Agrega: “Está claro que, de haberse -por algún mecanismo, instrumento o negociación- blanqueado en lo pretendidamente formal tal abrupta redefinición del pago total correspondiente a Syusa y Techint, esa tarea no pudo haberse realizado sino a costa de un perjuicio evidente a los intereses de la sociedad, el Estado y el mismo Ceamse por parte de quienes fueron designados precisamente para defender y proteger dichos intereses”.
Concluye: “El festival de beneficios para Techint que representaron los cambios contractuales resultó en la incapacidad de Ceamse de disponer de una cantidad suficiente de tierra no rellenada, o sea, no destruida por Techint, para entregarle a Techint. Por un acuerdo del 23 de abril de 1993, sin embargo, las partes solucionan el problema acordando la entrega adicional de más de cien hectáreas rellenadas con residuos. Pero deciden compensar a Techint por el sacrificio entregando 1,2 hectáreas rellenadas con residuos por cada hectárea devengada. Asombroso. Primero se viola la obligación de entregar a Techint únicamente tierra rellenada (y otras obligaciones más). Y cuando luego se encuentra que no existe suficiente superficie de tierra no rellenada para entregar, no se tiene más remedio que entregar algo de tierra rellenada (la única que debió haberse entregado, si es que el pago hubiera sido procedente). Y se decide bonificar a Techint por este sacrificio”.
La intervención de la Justicia y un caso muy llamativo
Un hecho por demás particular se está dando en torno a la denuncia por el megaemprendimiento inmobiliario Nueva Costa del Plata. Ocurre que existe una denuncia, presentada por entidades ambientalistas, que parece generar más de un dolor de cabeza a los jueces que deberían intervenir. Concretamente, el juzgado federal de Quilmes, a cargo de Luis Armella, y el juzgado de Garantías nº 9 del Polo Judicial de Avellaneda, cuyo titular es Luis Silvio Carzoglio, se tiran la pelota entre sí para evitar investigar las denuncias que hablan sobre las supuestas irregularidades en el traspaso de tierras de Ceamse a Techint, como así también sobre el depósito de residuos industriales de curtiembres en esos terrenos.
Días atrás, el juez Armella resolvió no aceptar su competencia sobre las causas, entendiendo que no se advertía una afectación a intereses del Estado nacional que justificara la intervención del fuero federal. Acto seguido, el juez Carzoglio decidió remitir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación todas las actuaciones, para que “este órgano superior decida sobre la cuestión de competencia”.
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